Este futuro Real Decreto transpone la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y actualiza la legislación sobre restauración de explotaciones, que derogaría en su totalidad. Aunque el texto de la disposición se adecua a los objetivos, las alegaciones presentadas por el sector, en un documento de 30 páginas, tienen por objetivo básico que se conserve el principio de proporcionalidad entre los requisitos exigibles y los riesgos que, para las personas y el medio ambiente, presenta una instalación de residuos mineros. También se ha presentado una alegación al Plan Nacional de Residuos de Industrias Extractivas elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.