Del Campo -que debatirá hoy en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua (CNA) este borrador- criticó la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de gravar a los regantes con un nuevo canon de 0,0002 euros por metro cúbico de agua consumido al año, cuando, en realidad, esta tasa ya está incluida dentro de los costes del organismo de cuenca.

Asimismo, el presidente de Fenacore lamentó la potestad que se arroga el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, por considerar que genera "inseguridad jurídica" para los usuarios y pérdida de competitividad para el regadío español, ya que la Administración podrá hacer oscilar "arbitrariamente" los precios en función de sus propios intereses y "afán recaudatorio".

Además, el responsable de los regantes señaló que el borrador de reforma de la Ley de Aguas carece de una evaluación económica que permita conocer los criterios económicos empleados para fijar esta tasa por prestación de servicios, así como los efectos en términos de coste/beneficio que su aplicación tendrá sobre el regadío.

"Ecotasa encubierta"

Por otro lado, el presidente de Fenacore señaló que la denominación de esta nueva tasa no es más que un "eufemismo" para rescatar "de forma encubierta" las modificaciones del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas -anunciadas hace más de dos años-  relacionadas con la fijación de un sistema de precios y el establecimiento de un nuevo canon -la controvertida "ecotasa" - que el Gobierno se comprometió a no aplicar hasta 2010, tal como establece la Directiva Marco de Aguas (DMA).

Del Campo recordó que el día 25 de enero de 2005 el secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Moraleda, y el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, se comprometieron, en una declaración conjunta, a retrasar hasta 2010 la aplicación del principio de recuperación de costes, con el fin de elaborar estudios "rigurosos" y "profundos" para cada cuenca hidrográfica, en función de los efectos medioambientales, sociales y económicos, así como de las condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados y la excepcionalidad en determinados usos.

El presidente de Fenacore señaló que la propuesta de Medio Ambiente de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas es "inoportuna" ya que incumple "innecesariamente" un compromiso adquirido, adelantando los plazos previstos, en un momento en el que el sector atraviesa graves pérdidas por la sequía y cumple con el principio de recuperación de costes que marca la directiva europea. En este sentido, recordó que el Ministerio acaba de hacer público un informe propio en el que asegura que el regadío recupera entre el 85% y 98% de los costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, por encima de abastecimiento urbano que recupera entre el 57% y 96%.

Disconformidad con el "fondo" y la "forma"

Asimismo, Andrés del Campo mostró su disconformidad no sólo con el "fondo" del borrador de reforma de la Ley de Aguas, sino también con las "formas" en que se hizo llegar este documento a los miembros del Consejo Nacional del Agua; con tan solo dos días hábiles de antelación para analizar un total de casi 200 folios. "El documento incorpora modificaciones de gran importancia del régimen económico financiero dando tan solo diez días para su estudio, debate y negociación con las comunidades autónomas y usuarios antes del Pleno del próximo día 29 de marzo", afirmó.

El máximo responsable de Fenacore lamentó la "nula" voluntad del Ministerio de Medio Ambiente de debatir y consensuar las modificaciones de la Ley del Agua con los regantes. Del Campo le acusó de "marginar" a los usuarios de la planificación, gestión y protección del agua, limitando su participación en los órganos de gestión y planificación de las demarcaciones hidrográficas, pues se crea ahora un "órgano político" en cada confederación hidrográfica -denominado "Comité de Autoridades Competentes"- que estará integrado por el Gobierno y las autonomías, con "máximo poder" de decisión al margen de los Consejos de Cuenca y sin ninguna participación de los usuarios.

Finalmente, el presidente de los regantes acusó al Ministerio de Medio Ambiente de "cerrar cualquier posibilidad de interlocución con los regantes" y recordó que, durante la anterior legislatura socialista, los planes hidrológicos se pactaron, antes de su aprobación, con los usuarios, obteniendo su voto favorable en los Consejos de Agua de cada cuenca.