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La Federación de Regantes defiende que la planificación fluvial es competencia ‘exclusiva’ del Estado
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23/02/2007
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) manifiestó hoy -ante la decisión de algunas comunidades autónomas de “hipotecar” a través de reformas estatuarias el agua de los ríos que pasan por sus territorios- que la planificación hidrológica nacional es competencia “única” y “exclusiva” del Estado Central en las cuencas que discurren por varias regiones.
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El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció hace unos días en Sevilla que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de Andalucía, aprobado el pasado domingo en referéndum, por considerar que la regulación que establece sobre el Guadalquivir, que discurre en parte por Extremadura
afecta a competencias exclusivas del Estado.
Fenacore recuerda que es un "error político" que los recientes Estatutos de Autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias no pertenecen a las regiones, sino al Estado Central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.
En este sentido, insiste en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas –con independencia del color y signo del partido que las gobierne- deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la "instrumentalización" del uso del agua que sólo conduce a "hipotecar" los ríos existentes y a provocar "guerras" del agua".
La Federación recuerda que la "contaminación política" del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas Administraciones Públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional.
"El agua es un problema que nos afecta a todos y, por ello, no podemos permitirnos que el agua genere discrepancias entre comunidades. Entre todos debemos esforzarnos por conocer los problemas particulares del agua de las regiones y cuencas vecinas, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad. Sin embargo, si se ceden las competencias sobre la disponibilidad de los recursos de las cuencas intercomunitarias a las comunidades autónomas se corren varios importantes riesgos: por un lado, se acentuarían los conflictos territoriales por el agua y, por otra, su distribución no tendría en cuenta los intereses generales de todos los españoles", concluyó Del Campo.
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